“Cláusulas delimitadoras del riesgo: El Supremo no considera asegurado al trabajador que en el momento del reconocimiento de incapacidad permanente había dejado de pertenecer a la empresa”.

Que el accidente ocurra mientras el trabajador está asegurado no garantiza, por sí solo, que la aseguradora deba pagar la indemnización por una posterior declaración de incapacidad permanente. Así lo concluye la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su sentencia 690/2026, de 9 de septiembre —recurso 1409/2025—, al considerar delimitadora del riesgo, y no limitativa de derechos, la cláusula que fija el siniestro en la fecha de efectos económicos de la incapacidad y circunscribe la cobertura a quienes mantienen la condición de empleados.

EL CASO: EL ACCIDENTE SE PRODUJO DURANTE LA RELACIÓN LABORAL, PERO LA INCAPACIDAD SE RECONOCIÓ DESPUÉS.
El litigio afecta a un trabajador que sufrió un accidente no laboral el 3 de febrero de 2015. Su contrato finalizó el 1 de mayo de ese año y, posteriormente, el INSS le reconoció una incapacidad permanente total mediante resolución de 17 de enero de 2017. La empresa había contratado un seguro colectivo para cubrir la mejora voluntaria prevista en el convenio de hostelería de Las Palmas, por importe de 12.020,24 euros.
La póliza seguía vigente cuando se reconoció la incapacidad. Sin embargo, establecía dos condiciones decisivas: situaba el siniestro en la fecha de efectos económicos de su reconocimiento y definía el colectivo asegurado como las personas que fueran empleadas del tomador mientras conservaran esa condición. Por tanto, el problema no era la vigencia general del seguro, sino que el trabajador ya había dejado de pertenecer al colectivo cubierto.

¿POR QUÉ ES UNA CLÁUSULA DELIMITADORA Y NO LIMITATIVA?
La distinción es esencial. Una cláusula delimitadora define qué cubre el seguro y bajo qué contornos: el riesgo, la cuantía y su ámbito temporal o espacial. Una cláusula limitativa, en cambio, restringe, condiciona o modifica el derecho a la indemnización una vez producido el riesgo cubierto. Estas últimas deben estar especialmente destacadas y ser expresamente aceptadas por escrito.
Para el Supremo, el clausulado examinado no recorta una prestación ya cubierta, sino que define desde el principio cuándo y respecto de quién nace la cobertura. Identifica la contingencia asegurada —la incapacidad permanente—, fija el momento del siniestro y precisa qué personas integran el grupo protegido. En palabras de la sentencia:
«Con ello no se está restringiendo o limitando la prestación de la compañía aseguradora, sino que se explicita, fijando su contorno».
El Tribunal también descarta que se trate de una condición sorpresiva: considera que los términos pactados eran claros e inequívocos y que la exigencia de conservar la condición de empleado no generaba una confusión razonable sobre el riesgo garantizado.

LA ASEGURADORA QUEDA ABSUELTA, PERO LA EMPRESA DEBE PAGAR.
La consecuencia no es que desaparezca el derecho del trabajador a la mejora. El Supremo distingue entre la obligación empresarial derivada del convenio colectivo y la cobertura efectivamente contratada con la aseguradora. Finalmente, absuelve a la compañía y declara a la empresa responsable directa del pago de los 12.020,24 euros.

LA CLAVE: NO BASTA CON MIRAR LA FECHA DEL ACCIDENTE.
La sentencia pone de relieve que, en estos seguros colectivos, resulta decisivo examinar cómo se define el siniestro y quién pertenece al colectivo asegurado en ese momento. No obstante, su conclusión no convierte cualquier exclusión temporal en delimitadora: el razonamiento descansa en la claridad del clausulado y en que este concreta el riesgo sin introducir una restricción sorpresiva. La propia resolución recuerda que las pólizas oscuras, equívocas o imprecisas requieren un tratamiento distinto.

Fernando de la Chica
Abogado

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