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En el día de hoy, 1 de octubre de 2026, entra en vigor la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Real Decreto 518/2026, orientada a reforzar la protección de los usuarios vulnerables y a adaptar la normativa a una movilidad más segura y sostenible, especialmente en el ámbito urbano.

Colectivos afectados
Los colectivos expresamente afectados por la reforma en la nota son: peatones (con especial atención a menores, personas mayores y personas con discapacidad), ciclistas, usuarios de VMP, conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores, riders o usuarios profesionales de estos vehículos, conductores de taxis, conductores de vehículos de mercancías, conductores de vehículos de enseñanza de la conducción, pasajeros de ambulancias asistenciales en el supuesto descrito, y usuarios de autocaravanas.

Las reformas clave que describe el documento son las siguientes:
• Definición formal de “usuario vulnerable de la vía” e inclusión en esta categoría de peatones, ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) y conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores.
• Incorporación del título VI al Reglamento, dedicado a normas de circulación específicas en zonas urbanas.
• Nuevas reglas para VMP (Vehículos de movilidad personal). Este es sin duda uno de los aspectos más controvertidos, dada la proliferación de este tipo de vehículos y la necesidad de que exista una normativa homogénea para todo el territorio nacional. En este punto destacan: edad mínima de 15 años, casco obligatorio, chaleco reflectante de noche o con baja visibilidad, alumbrado obligatorio permanentemente a partir del 1 de octubre de 2027 y posibilidad de circular fuera de núcleos urbanos por vías segregadas del tráfico a motor, salvo prohibición señalizada.
• Nuevas reglas para bicicletas: Se brinda especial atención a este colectivo, focalizando la normativa en la protección del ciclista. Estos son los cambios más relevantes: casco obligatorio para todos los ciclistas en vías interurbanas; al adelantar a ciclistas, reducción mínima de 20 km/h respecto del límite, separación lateral mínima de 1,5 metros y cambio completo de carril cuando haya más de un carril por sentido; en vías urbanas, circulación preferente por el centro del carril, distancia mínima de 5 metros respecto de ciclistas que circulen delante en el mismo carril y posibilidad de circular en ambos sentidos en calles de un único carril con velocidad máxima de 30 km/h.
• Nuevas reglas para motocicletas y ciclomotores: guantes obligatorios en vías interurbanas, calzado cerrado obligatorio en cualquier vía, casco homologado para usuarios de ciclomotor a partir del 1 de octubre de 2027 y posibilidad para motoristas de circular por el arcén derecho en congestión, bajo determinadas condiciones. También en este caso se pretende con carácter principal proteger a los usuarios de motocicletas y ciclomotores mediante la imposición de determinadas obligaciones a los mismos.
• Medidas para usos profesionales (“riders”): obligación de usar casco y chaleco reflectante en todo momento cuando se utilicen bicicletas, VMP, ciclomotores o motocicletas para desarrollar una actividad profesional.
• Medidas para peatones y entorno urbano: prioridad peatonal en calles con plataforma única, regulación de los caminos escolares seguros y regla general sobre la no coincidencia entre luz ámbar intermitente para vehículos y luz verde no intermitente para peatones en pasos con semáforo.
• Medidas para circulación con nieve y carriles de emergencia: prohibición de adelantar en autopistas y autovías cuando la nieve dificulte la circulación, obligación de dejar libre el carril izquierdo para emergencias y quitanieves, y reglas de orillamiento para crear un carril de emergencia en caso de retención.
• Otras modificaciones: nuevas reglas al rebasar vehículos inmovilizados, eliminación de exenciones al uso del cinturón de seguridad para determinados conductores, excepción específica para ciertos pasajeros de ambulancias asistenciales en servicio de urgencia, y regulación de determinadas condiciones de estacionamiento o permanencia de autocaravanas.

Fernando de la Chica Moreno
Abogado

La Sección Primera de la Audiencia de Jaén, en sentencia nº 1111, de fecha 20 de julio de 2026, mantiene un criterio dispar respecto de otras Audiencias y considera aplicable la estipulación según la cual la cobertura de defensa jurídica tenía un límite de 3.000 € para el caso de nombramiento de abogado por parte del asegurado”.

Antecedentes

La aseguradora y su asegurado son demandados con carácter solidario, al haber ocasionado este un incendio de forma imprudente en una nave propiedad de un tercero. El perjudicado interpone demanda frente a ambos y la aseguradora contesta y se opone a la misma aludiendo a una eventual falta de cobertura; de forma paralela, remite a su asegurado una comunicación en la que le invita a que designe letrado particular por existir conflicto de interés, y advirtiéndole que, en todo caso, esta cobertura lo será con un límite de hasta 3.000 €.
Tanto en primera instancia como en apelación, se condena a la aseguradora y al asegurado con carácter solidario a indemnizar al perjudicado por considerarlos responsables ex 1.902 Cc, y concretamente a la compañía de seguros por entender que sí existe cobertura en póliza (no analizamos las causas por no ser relevantes ni ser el motivo de esta publicación).

Así, siendo firme la sentencia que declara la cobertura del siniestro, el asegurado reclama a la aseguradora la minuta que le giró su representación letrada, por lo que interpone demanda frente a la misma. La compañía de seguros contesta a la misma reiterando que no existe cobertura y que, subsidiariamente, si fuera responsable, tan solo lo sería hasta el límite de 3.000 €.
El juzgado dicta sentencia en la que determina que dicho límite es inaplicable, tratando la cláusula que lo contiene como limitativa y condenando a la compañía íntegramente al pago de minuta del letrado designado por su asegurado. Disconforme con dicha sentencia, la compañía interpone recurso de apelación por ser, a su juicio, una cláusula delimitadora.

Cómo califica ese límite la Audiencia

La Audiencia no lo trata como cláusula limitativa ineficaz, sino como una estipulación válida, y por eso revoca la sentencia de instancia y reduce la condena a 3.000 €.
Su razonamiento, según el texto de la resolución, es:
• el seguro de defensa jurídica permite que el asegurador asuma los gastos dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato;
• un límite cuantitativo de cobertura puede ser, en principio, una cláusula delimitadora del riesgo;
• con una prima anual de 164,17 €, el asegurado no podía esperar que todos los gastos de abogado de libre designación quedaran cubiertos sin límite.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo

Contrasta esta sentencia con la jurisprudencia de distintas Audiencias Provinciales, así como con la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo.

a) Regla general del Supremo
El Tribunal Supremo admite que un límite económico en defensa jurídica puede ser válido y que, en abstracto, puede funcionar como cláusula delimitadora del riesgo.
Eso encaja con la idea de que no toda cobertura de libre designación implica reembolso ilimitado.
b) Matiz decisivo del Supremo
Pero el Supremo también dice que ese límite no puede vaciar de contenido real la libre designación de abogado.
La sentencia de referencia en esta materia es STS 101/2021, de 24 de febrero, que, según el propio documento, acoge la doctrina del TJUE: se pueden pactar límites, siempre que:
• no se vacíe de contenido la libertad de elección;
• y la indemnización efectivamente abonada sea suficiente.
c) Cuándo el Supremo ve problema
Según la línea del Supremo:
• si el límite solo concreta la cuantía de la cobertura, puede ser delimitador;
• si restringe de forma anormal o inesperada una cobertura que el asegurado razonablemente esperaba, puede pasar a ser limitativo;
• si el límite es tan bajo que hace ilusoria la defensa jurídica, puede llegar a ser lesivo o, al menos, ineficaz por vaciamiento material de la cobertura.
La propia resolución cita también STS de 14 de julio de 2016 para recordar que un límite puede ser contrario al interés del asegurado si reduce de forma intensa la efectividad de la libre designación.

Dónde se sitúa esta sentencia frente al Supremo

La Audiencia trata el límite de 3.000 € como una cláusula delimitadora y válida, mientras que la jurisprudencia del Tribunal Supremo obliga a comprobar, caso por caso, si ese límite mantiene una cobertura real o si, por el contrario, vacía materialmente la libre designación de abogado.
La Audiencia Provincial considera que el tope de 3.000 € en defensa jurídica, aplicable en caso de libre designación de letrado, constituye una delimitación válida de la cobertura. Sin embargo, esa conclusión debe ponerse en contraste con la doctrina del Tribunal Supremo, singularmente la STS 101/2021, de 24 de febrero, según la cual los límites cuantitativos en defensa jurídica son admisibles solo si no vacían de contenido el derecho de libre elección ni hacen insuficiente la indemnidad del asegurado.

Fernando de la Chica
Abogado

La sentencia STSJ Aragón nº 27/2026, de 19 de enero de 2026, estima parcialmente el recurso de apelación de un ciclista lesionado frente al Ayuntamiento de Villanueva de Gállego.

La resolución de primera instancia había desestimado íntegramente la reclamación de responsabilidad patrimonial, pero el TSJ la revoca en parte y reconoce una indemnización de 10.000 euros.

La clave del fallo es que la Sala aprecia responsabilidad municipal por el mal estado de la calzada y la falta de señalización previa, pero también aprecia concurrencia de culpa del ciclista/grupo ciclista, reduciendo la indemnización al 50%.
La Sala considera probado que la calle estaba en mal estado, especialmente en una franja central asfaltada tras la colocación de una tubería por Amazon, que había generado una depresión longitudinal, un reborde irregular y otros defectos en el firme. La calle, de doble sentido, aunque estrecha, está en mal estado, y en su espina central existe una zona asfaltada, más oscura, por debajo de la cual en marzo de 2021 se colocó por Amazon una tubería. La zona estaba mal compactada y había generado en buena parte de su recorrido una depresión, más que un socavón, generando además un escalón longitudinal irregular, que podía ser de entre uno y dos centímetros.

La sentencia destaca que no había advertencia sobre el estado de la calzada.
La cuestión central era determinar si concurrían los requisitos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, en particular:

1. Existencia de daño efectivo.
2. Relación causal entre el daño y el funcionamiento del servicio público.
3. Antijuridicidad del daño.
4. Ausencia de fuerza mayor.
5. Inexistencia del deber jurídico del perjudicado de soportar el daño.

La Sala recuerda a su vez la doctrina general: la responsabilidad patrimonial no convierte a la Administración en una aseguradora universal, y corresponde al reclamante acreditar el nexo causal.
De esta forma la Sala considera que existe responsabilidad patrimonial de la Administración conforme basándose en las siguientes premisas:

A. Mal estado de la calzada

El Tribunal considera evidente el mal estado del firme. La franja central que cubría conducciones realizadas por Amazon generaba una depresión, reborde, abombamientos, grietas, fracturas y oquedades.

B. Falta de señalización adecuada

La Sala considera esencial que no existía una advertencia suficiente del peligro. Afirma que debió señalizarse que la vía estaba en mal estado a lo largo de su recorrido e incluso advertirse la diferencia de altura existente. Lo esencial es que no había una señalización adecuada, pues debería haberse advertido que la calle, en realidad más una carretera, estaba en muy mal estado a lo largo de todo su recorrido, incluso anunciando que había una diferencia de altura sentible a lo largo de la misma.

Además, el Ayuntamiento conocía el problema, pues se habían colocado conos en mayo de 2021, aunque no permanecían el día del accidente. Tras el siniestro, se requirió a Amazon para reparar la vía. Por tanto, hay un mal estado de la calzada imputable al Ayuntamiento, que tampoco colocó la imprescindible señalización advirtiendo del notorio peligro, pese a ser consciente del problema, pues en mayo de 2021, se habían colocado conos señalizando el mal estado.
Si bien, a pesar de todo lo anterior la Sentencia también considera que existe culpa del ciclista, por lo que finalmente aplicó una concurrencia de culpas al 50%, basándose en los siguientes aspectos:
A. Circulación en grupo y muy próximos entre sí, vulnerando el art. 22 del Reglamento de circulación.
B. Falta de especial cuidado al advertir el mal estado de la vía, ya que la sentencia entiende que los ciclistas pudieron percibir el estado de la calzada al entrar en la calle.
C. Velocidad elevada para el estado de la vía.
D. Ciclistas experimentados, el Tribunal también valora que se trataba de ciclistas habituales, a los que cabe exigir una especial precaución ante firmes irregulares.

En conclusión, la resolución equilibra dos deberes:

• Deber municipal: conservar y señalizar adecuadamente la vía pública.
• Deber del usuario: adaptar su conducción a las condiciones visibles del firme.

La Sala no exonera al Ayuntamiento, porque el riesgo era relevante y no estaba señalizado. Pero tampoco acepta que todo el daño sea imputable a la Administración, porque los ciclistas debieron extremar la precaución.

Este enfoque es coherente con la doctrina que rechaza que la Administración sea aseguradora universal de cualquier accidente ocurrido en la vía pública.

Fdo. Emilio Liébana Moreno
Abogados DLC

Destacamos en nuestro blog esta interesantísima sentencia dictada por el Tribunal Supremo, de fecha 28/04/26 –STS 1989/2026, Recurso 2937/2021)-, que confirma que corresponde a los tribunales de instancia fijar el grado de participación de los distintos agentes den la producción del resultado dañoso.

Se parte del art. 1.2 de la LRCSCVM, según el cual se reducirán todas las indemnizaciones cuando la víctima contribuya a la producción del daño, estableciendo el legislador una presunción de contribución “por falta de uso o por uno inadecuado de cinturones, casco u otros elementos protectores”, provocando con ello la agravación del daño.

En el caso concreto, tanto el Juzgado como la Audiencia Provincial de Murcia consideran que ambos agentes contribuyeron causalmente en un 50%, con los siguientes reproches:
• la conductora del turismo, realizar el adelantamiento sin guardar distancia lateral suficiente; y
• la víctima, conductora del ciclomotor, por circular sin casco.

Decisión del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la víctima, confirmando de esa manera la reducción del 50% porque no apreció ni grave desproporción en el reparto causal ni error o disfunción en el nexo causal entre la falta de casco y el fallecimiento.
La Sala parte de que el accidente se produjo por una maniobra de adelantamiento del turismo sin guardar la distancia lateral suficiente, que provocó un roce con el ciclomotor y la caída de la víctima, considerando igualmente probado que la víctima no llevaba casco y que murió por un traumatismo craneoencefálico severo.
La falta de casco no se trata como una infracción abstracta, sino como una conducta con incidencia causal concreta en el resultado mortal. El Supremo valida la conclusión de la Audiencia: el accidente, por sus características —roce lateral leve, ausencia de daños relevantes, sin exceso de velocidad— no habría debido producir un desenlace mortal si la víctima hubiera llevado casco. La Sala confirma el nexo causal porque la muerte deriva de un traumatismo cráneo-encefálico, constituyendo así una contribución causal directa que permite reducir la indemnización.
Interpretación del art. 1.2 TRLRCSCVM en supuestos de no uso de casco
El art. 1.2 TRLRCSCVM permite reducir la indemnización cuando la víctima capaz de culpa civil contribuye a la producción o agravación del daño, incluyendo expresamente los casos de falta de uso o uso inadecuado de casco, cinturón u otros elementos protectores. La reducción tiene un límite máximo del 75%.
Sostiene literalmente el Tribunal Supremo que “La referencia expresa de esta norma a la falta de uso del casco se debe a que su utilización resulta un elemento de protección indispensable en los vehículos de dos ruedas, en los que no existe una carrocería que pueda proteger a la víctima en caso de colisión y en los que las condiciones de estabilidad son muy inferiores, y de ahí que su uso sea obligatorio, antes el mayor riesgo de caída y la necesidad de proteger la cabeza como órgano vital esencial”.
Con esta base, la Sala Primera considera que la falta de casco genera una presunción legal de contribución de la víctima cuando incumple la normativa de seguridad y agrava el daño. Matiza, sin embargo, que esa presunción no fija automáticamente un porcentaje, que debe determinarse caso por caso, según las circunstancias del accidente y la importancia causal de cada conducta, sin que exista una regla jurisprudencial según la cual la víctima sin casco deba soportar un determinado porcentaje. En todo caso, la casación solo revisa el porcentaje fijado por la instancia si hay grave desproporción o defectuosa apreciación del nexo causal.
Según establece el Tribunal Supremo el art. 1.2 TRLRCSCVM no contiene un baremo porcentual interno: solo fija el presupuesto de reducción y el máximo. El porcentaje concreto queda al juicio del tribunal de instancia, controlable en casación solo de forma excepcional, en caso de grave desproporción o defectuosa apreciación del nexo causal.

Procede una reducción del 50%
Según la sentencia, centrándose en el caso estudiado, el 50% es admisible cuando la contribución causal de la víctima por no usar casco es sustancial y equiparable a la del otro conductor. En este caso, la Sala destacó que:
-El contacto entre turismo y ciclomotor fue mínimo, sin que hubiera exceso de velocidad ni conducta especialmente peligrosa adicional en la conductora del turismo que además debió soportar una configuración confusa de la vía.
– El resultado mortal se vinculó al traumatismo craneoencefálico, según afirmó el Forense, siendo el casco elemento de protección esencial para evitar o mitigar ese resultado. Afirma el Alto Tribunal que “las lesiones que desencadenaron el fatal desenlace fueron las que incidieron en la cabeza (traumatismo cráneo-encefálico abierto), siendo las restantes lesiones en otras partes del cuerpo, aunque gravísimas, no causalmente determinantes del fallecimiento.
Conclusión
La STS 656/2026 confirma una reducción del 50% porque considera que la falta de casco tuvo incidencia causal directa en el fallecimiento: el accidente fue provocado por un adelantamiento incorrecto, pero el resultado mortal se vinculó al traumatismo craneoencefálico que el casco estaba destinado a evitar o mitigar.

Fernando de la Chica
Director General Abogados de la Chica
Abogado

La Audiencia Provincial de Oviedo, en reciente sentencia 4325/2025, de 18 de diciembre, aplica la teoría de la asunción del riesgo impropia y considera que, aunque el conductor, de 15 daños de edad, fue el responsable del accidente, existe culpa exclusiva de los viajeros por asumir de manera consciente el riesgo de ir en un vehículo sabedores de que el vehículo era conducido por persona no autorizada.

El accidente ocurre cuando el joven conductor, de 15 años, junto con los dos ocupantes que viajaban con él en el vehículo, circulaba por una carretera en la que al tomar una curva ascendente invadió el sentido contrario de la marcha, impactando de manera frontal contra el vehículo que circulaba en sentido contrario.

Como consecuencia de ese accidente, los dos ocupantes que viajaban en el vehículo conducido por el menor de edad sufrieron lesiones y, tras el rehúse inicial de la aseguradora del vehículo, decidieron demandarla ejercitando una acción de responsabilidad extracontractual. La demanda fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Gijón, al entender que existía culpa exclusiva de los demandantes por asumir de manera consciente el riesgo de viajar en un vehículo conducido por quien sabían que no estaba autorizado para conducir por ser menor de edad y carecer del permiso de circulación. Afirma la sentencia que: “Los demandantes asumieron de forma deliberada el riesgo ínsito al hecho de que un menor de edad condujera el vehículo sin poder hacerlo”

La sentencia fue recurrida en apelación por los ocupantes del vehículo, aduciendo que las condiciones que reunía el conductor del vehículo —ser menor de edad y carecer de permiso de circulación— no tenían por qué significar que no tuviera aptitudes para conducir, puesto que en alguna otra ocasión ya lo había hecho.

La Audiencia Provincial de Oviedo, sin embargo, desestima el recurso y confirma la sentencia dictada por el Juzgado con idéntico argumento, que nos encontramos ante un caso claro de asunción de riesgo, de forma que los propios ocupantes fueron los únicos responsables de la causación del siniestro, por cuanto, aunque no intervinieron de manera directa en el accidente ni provocaron el mismo, ni contribuyeron directamente en el daño que sufren, lo cierto es que sí que se colocaron en una situación que suponía asumir ese riesgo.

Afirma la sentencia:
“Una cosa es la imposibilidad de saber en qué medida la ingesta de bebidas alcohólicas u otras sustancias afecta a la intoxicación del conductor o a su habilidad para la conducción, y otra, lo acontecido en el presente caso” de forma que “los demandantes accedieron como ocupantes del vehículo conducido por quien eran conscientes no podía hacerlo. Carecía de permiso de circulación, y con 15 años que tenía al momento de los hechos”.

La Audiencia Provincial refuerza su criterio, afirmando que:
“lo anteriormente expuesto, lo que revela es la falta de madurez propia de los quince años, y es uno de los motivos por los cuales, no es hasta los 18 años en que se puede lograr la obtención del permiso de conducir. Y aunque se diga en el recurso que ya en otra ocasión el menor había conducido, los hechos expuestos revelan una clara falta de pericia, acorde a la edad del conductor del vehículo en que viajaban los apelantes.

Por último, advierte la sentencia que el conductor menor fue condenado por el Juzgado de Menores el 15 de diciembre de 2022 como autor de un delito contra la seguridad del tráfico y de lesiones por imprudencia grave, sentencia en la que se señala en los hechos probados que “a causa de su falta de pericia en la conducción, el menor chocó frontalmente contra otro vehículo”.

A modo de conclusión, sostiene la Audiencia Provincial de Oviedo, en esta sentencia, que:

“Por tanto, la auto puesta en peligro se constatará cuando sea la víctima quien asumiendo el riesgo inminente de ser dañado por la conducta del autor, se expone a la posibilidad de sufrir una lesión concreta, que en efecto se llega a producir. En el presente caso, la respuesta de la Sala debe ser en igual sentido a la contenida en la instancia. Los demandantes accedieron como ocupantes del vehículo conducido por quien eran conscientes no podía hacerlo. Carecía de permiso de circulación, y con quince años que tenía al momento de los hechos, aun le quedaba tiempo para poder acceder a la posibilidad de su obtención”.

Fernando de la Chica
Abogado

En fecha 25 de agosto de 2023 comentábamos una sentencia dictada por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, nº 118/23, nº de recurso 440/2021, en un siniestro en el que el copiloto de un vehículo giró bruscamente el volante provocando la salida de la vía de éste, resultando el conductor del vehículo –el que ocupaba el asiento delantero izquierdo- tetrapléjico tras el siniestro. Dicha sentencia condenó a la aseguradora del único vehículo implicado en el accidente a indemnizar en 1.8 millones a la persona que ocupaba el asiento del conductor del vehículo, al considerarlo un tercero.

Partía la AP Murcia de un análisis de la acción de responsabilidad extracontractual basada en el art. 1.902 del Código Civil, entrando a valorar el Anexo I del Real Decreto Legislativo 6/2015, en el cual se define la figura de conductor como la “persona que, con las excepciones del párrafo segundo del punto 4 maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo, …”, así como el art. 5.1 de la Ley 8/2004, que excluye de la cobertura del seguro de suscripción obligatoria del automóvil “los daños y perjuicios ocasionados por las lesiones o fallecimiento del conductor del vehículo causante del accidente”.

 

La interpretación de tales preceptos hizo concluir al Tribunal que “no es posible considerar en ese momento como conductor del turismo a quien ocupaba el asiento izquierdo, que nada puede hacer por evitar el accidente y que carecía del control del vehículo, pues el elemento principal de dirección, no estaba bajo su dominio al haberlo asumido el copiloto” (era el que dirigía de hecho el vehículo)…provocando la salida de la vía, y que era quien tenía el control principal del mismo, es decir, lo conducía, siendo el que ocupaba el asiento izquierdo un tercero en ese momento respecto al accidente ocasionado”.

 

En definitiva, concluyó el Tribunal que el conductor podía ser considerado tercero porque el ocupante del asiento delantero derecho era quien ejerció el control del vehículo, debiendo ser indemnizada la persona que se encontraba en el asiento delantero izquierdo.

 

Ahora, sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en reciente sentencia de 12 febrero 2026, establece una doctrina contraria a dicho criterio, afirmando que:

“los daños sufridos por el conductor del único vehículo implicado en un accidente de tráfico no deben estar cubiertos por el seguro obligatorio de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos previsto en esa Directiva (2009/103), ni siquiera cuando un ocupante haya intervenido en la conducción del vehículo y se haya producido el accidente como consecuencia de esa intervención”:

 

Reflexiona el TJUE que “el hecho de privar de su condición de conductor a quien está al volante del vehículo tendría como consecuencia que dicho ocupante asumiría entonces la condición de conductor, con lo que quedaría excluido de la protección que se pretende conceder a los terceros víctimas, entre ellos los ocupantes”, y que “la inseguridad jurídica que resultaría de tal posibilidad es, en sí misma, incompatible con el citado objetivo”.

 

Sostiene el TJUE que “no se puede menoscabar la distinción fundamental entre conductor y tercero víctima que caracteriza el sistema de seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles …, como la distinción entre la obligación de cobertura por dicho seguro y el alcance de la indemnización por daños en virtud en la responsabilidad civil relativa al accidente”.

 

Este criterio sin duda, contrario al de la sentencia comentada de la AP de Murcia, termina de disipar cualquier duda interpretativa existente en situaciones en las que el ocupante tiene intervención directa en la conducción, respetando las figura de conductor y ocupante, de forma que la persona que se encuentra sentada delante del volante, en el asiento delantero izquierdo, jamás podrá tener la condición de tercero perjudicado ni, por tanto, podrá ser indemnizado por el seguro de responsabilidad civil obligatoria del vehículo, más allá de la cobertura que la póliza dispense contractualmente a dicho conductor.

 

Fernando de la Chica. Abogado.

Esta cuestión ya fue abordada en este mismo espacio, el pasado día 5 de junio de 2023, cuando publicábamos un blog, en el que analizábamos una cuestión que, hasta ese momento, no parecía pacífica.

Situémonos, y recordemos la redacción de este precepto tan controvertido:

Artículo 40 LRCSCVM. Momento de determinación de la cuantía de las partidas resarcitorias.

1. La cuantía de las partidas resarcitorias será la correspondiente a los importes del sistema de valoración vigente a la fecha del accidente, con la actualización correspondiente al año en que se determine el importe por acuerdo extrajudicial o por resolución judicial.
2. En cualquier caso, no procederá esta actualización a partir del momento en que se inicie el devengo de cualesquiera intereses moratorios.

El tenor literal parecía no arrojar dudas, la incompatibilidad existe, si bien inicialmente la doctrina no era unánime.

Hubo un desarrollo doctrinal incipiente, en el que letrados –lógicamente interpretando en beneficio de sus clientes- solían compatibilizar ambos conceptos desde la óptica del carácter penitencial de los intereses del art. 20 LCS. Sin embargo, magistrados como D. Juan Luis Gordillo, Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, y D. Fernando Lacaba, presidente AP Girona, consideraron que se podría producir un “enriquecimiento injusto” y “cobro reduplicado”.

 

¿Cómo interpretó la jurisprudencia inicialmente?

No existió gran desarrollo jurisprudencial inicialmente porque no era una cuestión que se sometiera a controversia, quizás infravalorando la importancia económica del precepto. Además, siendo norma introducida por la Ley 35/15 y, por tanto, aplicable solo a accidentes ocurridos a partir del 1 de enero de 2016, no era previsible que dada la duración de la fase prejudicial, el procedimiento principal y posterior tramitación del recurso de apelación correspondiente, existiesen muchas sentencias antes de 2019/2020. No obstante, en nuestro indicado blog de junio de 2023, ya citábamos las siguientes:

-Audiencia Provincial de Jaén, de fecha 15.09.21.

Esta sentencia, a su vez, alude a otras dos sentencias, concretamente Audiencia Provincial de Barcelona de 21 enero de 2021 y Audiencia Provincial de Coruña de 27 mayo 2020.

-Audiencia Provincial de Coruña, de 12 febrero de 2019.

-Audiencia Provincial PONTEVEDRA 26.01.2022, sentencia número 56/2022.

-AP NAVARRA, AUTO 47/2021, Sección Primera.

A su vez este auto cita otras dos sentencias:

-AP Coruña (Sección 3ª) 183/2020, 17 junio

-AP Huelva (Sección 3ª) 18 junio 2018

Todas las resoluciones citadas apuntaban a una incompatibilidad entre actualización de baremo e intereses (vid. blog 5 junio de 2023).

 

¿Cómo ha evolucionado la jurisprudencia menor más reciente?

Como hemos visto, los primeros pasos jurisprudenciales se decantaron por interpretar de forma literal el art. 40.2 LCS, declarando la incompatibilidad de la actualización del baremo con el devengo de intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

La última jurisprudencia menor que hemos podido localizar mantiene una línea continuista en este sentido, pudiendo citar, a tales efectos, las siguientes sentencias:

-Audiencia Provincial de Jaén, de fecha 13 de noviembre de 2025.

“…teniendo presente que la demanda interesaba de forma expresa que la indemnización se calculara a fecha de determinación del importe indemnizatorio (por entonces invocaba la de 2022), lo que le fue concedido, no puede pedir simultáneamente la aplicación de los intereses de demora…”

-Audiencia Provincial de Alicante, Sección 9ª, de 6 de febrero de 2025

“lo contradictorio con el citado artículo 40 LRCSCVM hubiera sido que la parte actora calculase la indemnización actualizada con un Baremo posterior al vigente a la fecha del accidente de 2019, y pidiera además la condena al interés moratorio de la suma reclamada con carácter principal determinado por el art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro y desde la fecha del siniestro”.

-Audiencia Provincial de La Coruña, 24 de mayo de 2023

“supone una duplicidad de compensación económica por el retraso en la determinación de la indemnización y su pago”

-Audiencia Provincial Las Palmas, Sección 5ª, de 2 de mayo de 2022 en igual sentido.

-Audiencia Provincial de Jaén, 19 de mayo de 2021:

“No se pueden pedir, ni otorgar, ambos incrementos económicos, supone duplicidad de compensación económica…”

 

Vemos, por tanto, cómo se va asentando jurisprudencialmente una interpretación literal del art. 40.2 de la LRCSCVM. Dada la transcendencia económica que ello puede tener tanto lesionados como aseguradoras, se deberá desde un principio tener clara la estrategia, según la posición de cada uno, sopesando si interesa más reclamar o defender los intereses del art. 20 LCS, o bien la actualización de baremo, máxime teniendo en cuenta el salto cuantitativo de las últimas actualizaciones y la introducción del IPC como nuevo motor de subida desde 2026.

 

Fernando de la Chica. Abogado.

Sobre este particular, nos referimos a siniestros bastante frecuentes en el mundo asegurador, en los cuales, al consumidor se le ocasionan daños en su hogar por anomalías eléctricas cuya responsable es la distribuidora de energía y al tener dicha tipología de daños cobertura en la póliza de hogar la compañía paga al asegurado sus perjuicios con acción de repetición posterior frente a la distribuidora con base al art. 43 de la L.C.S. a fin de recobrar frente a la responsable final los importes indemnizados.

Pues bien, existe cierta doctrina jurisprudencial, que considera que la competencia territorial para conocer de la demanda origen de las actuaciones corresponde a los Juzgados del partido judicial donde se genera la anomalía eléctrica, porque la demandada tiene abierto establecimiento al público en dicha localidad y es allí donde se ha desarrollado la relación jurídica controvertida.

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la competencia territorial no viene dada por normas imperativas, no siendo así procedente el control de oficio de la misma por el Juzgado, sino que la eventual ausencia de ésta habría de plantearse «en virtud la acción declinatoria propuesta en tiempo y forma por la eléctrica demandada», siendo indiferente que -en ese caso hipotético- «que la demandada tuviera un establecimiento en el lugar donde se produce la incidencia eléctrica.”

En este sentido, sabido es que las normas de competencia territorial tienen en principio carácter dispositivo o prorrogable. Así lo establece el artículo 54 de nuestra Ley Procesal Civil, que en su apartado 1 dispone: «las reglas legales atributivas de la competencia territorial sólo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los Tribunales de una determinada circunscripción», ello con excepción de los casos recogidos en los números 1º y 4º a 15º del artículo 52.1 y en el apartado 2 del mismo precepto.

Por lo tanto, sólo en estos últimos supuestos, exceptuados como se ha dicho de tal carácter dispositivo, cabe apreciar de oficio la falta de competencia territorial, al igual que en los casos de falta de competencia objetiva o funcional -donde no cabe excepción- (Arts. 48.1 y 62 de la LEC).

Aquella disposición se completa con el artículo 59 de la misma Ley Procesal según el cual, fuera de aquellas reglas imperativas, «la falta de competencia territorial solamente podrá ser apreciada cuando el demandado o quienes puedan ser parte legítima en el juicio propusieren en tiempo y forma la declinatoria.

En esta línea, se muestra la Ilma. Audiencia Provincial de Jaén en Auto 285/25, de 4 de diciembre de 2.025 o para supuestos como el planteado, declara el ATSJ Andalucía de 3-3-2009 (con cita de los AATS 6 de julio de 2006, 1 de febrero de 2006, 17 de enero de 2005 y 9 de enero de 2008), lo que sigue: “La acción ejercitada tiene carácter personal, pues mediante ella se reclama el cumplimiento de una obligación contractual, por lo que resulta de aplicación el fuero general para las personas físicas previsto en el artículo 50.1 LEC, que en principio podría conducir a los Juzgados de Granada salvo que por la misma naturaleza del contrato cuyo cumplimiento se reclama se considerase acreditada la condición de «empresario» o «profesional» del demandado, en cuyo caso el artículo 50.3 podría conducir al Juzgado de la Línea de la Concepción. No es necesario, sin embargo, al menos en este momento procesal, dilucidar la concurrencia en el demandado de tal carácter, por cuanto (…), el Juzgado de La Línea de la Concepción no podía apreciar de oficio su falta de competencia, dado que el fuero establecido en el artículo 50 LEC no tiene carácter imperativo, sino dispositivo, como con toda claridad se desprende del artículo 54.1 LEC (cuyo título reza «carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial»). Fuero «dispositivo» es aquél que «sólo se aplicará en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes»; y fuero «imperativo» es aquél que no puede quedar apartado por la sola voluntad de las partes mediante sumisión. Y siendo claro que el artículo 50 se configura como fuero «general», que la regla general es el carácter dispositivo de las normas de competencia territorial, y que el artículo 50 no está incluido en la relación de fueros imperativos que aparece en el propio artículo 54.1, sólo cabe calificar a dicho fuero general como dispositivo y, por tanto, susceptible de ser inaplicado por efecto de la sumisión. En consecuencia, ha de declararse indebidamente apreciada de oficio la falta de competencia territorial (pues el artículo 58 LEC condiciona tal posibilidad a que la competencia territorial «venga determinada por reglas imperativas») (…)”. Tal es el criterio mantenido de manera reiterada por esta Sala (por ejemplo, en sus autos de 31 de octubre de 2007, 9 de noviembre de 2007, 11 de diciembre de 2007, 2 de abril de 2008, 16 de junio de 2008, 16 de julio de 2008 y 30 de enero de 2009), así como por el Tribunal Supremo (autos de 6 de julio de 2006, 1 de febrero de 2006, 17 de enero de 2005 y 9 de enero de 2008), en supuestos como el presente.

Por último, y abundando en lo que se dice, el TS se pronunciaba en estos términos: “Para la resolución del presente conflicto negativo de competencia territorial debemos partir de las siguientes consideraciones: a) El art. 54.1 LEC recoge, como excepción al carácter dispositivo de las normas de competencia territorial, los supuestos contemplados en las reglas establecidas en los números 1º, 4º a 15º del apartado 1 y en el apartado 2 del art. 52 y las demás a las que esa Ley u otra atribuyan expresamente carácter imperativo; supuestos éstos en los que el Tribunal deberá examinar de oficio su competencia para conocer del asunto (Art. 58 LEC), y que excluyen, por consiguiente, la sumisión expresa y tácita. Según el art. 59 LEC, fuera de los casos en que la competencia territorial venga fijada por la ley en virtud de reglas imperativas, la falta de competencia territorial solamente podrá ser apreciada cuando el demandado o quienes puedan ser parte legítima en el juicio propusieren en tiempo y forma la declinatoria; b) La acción ejercitada en el juicio es una acción en reclamación de la devolución de cantidades entregadas en concepto de préstamo. La demanda se fundamenta en los artículos 1089 y 1091 del Código Civil, así como los artículos 50, 62 y 63 del Código de Comercio; c) En el presente caso (…), debe atribuirse la competencia territorial al Juzgado de Primera Instancia nº 59 de Madrid, ya que nos encontramos ante un procedimiento ordinario y la acción ejercitada a través de dicho procedimiento no está incluida en ninguno de los fueros imperativos a los que se refiere el art. 54.1 LEC, de manera que sólo podría apreciarse la falta de competencia territorial en virtud de declinatoria propuesta en tiempo y forma por el demandado o por parte legítima, lo cual no ha acaecido».

El mismo criterio adoptaba el TSJ de Aragón de 22-1-2019, también en un caso de procedimiento verbal.

En conclusión, un Juzgado no puede examinar de oficio la competencia territorial del mismo en la casuística expuesta y si alguna de las partes no está de acuerdo con la competencia territorial de dicho Juzgado deberá ser ésta la que lo denuncia a través del ejercicio de la correspondiente acción declinatoria.

Fdo. Emilio Liébana Moreno.

Abogados de la Chica S.L.P.

En este procedimiento la parte demandante reclamaba la posibilidad de conceder un valor de afección adicional respecto al valor de mercado en un caso en el que una motocicleta no podía ser reparada ante los cuantiosos daños materiales que presentaba y fue destruida, ponderando diferentes límites.

Sobre dicha cuestión la citada Sentencia estima conceder en concepto de valor de afección un 30% adicional solicitado por el titular del vehículo teniendo en cuenta que la función resarcitoria del daño que caracteriza nuestro sistema de responsabilidad civil tiene como límite que el resarcimiento no puede entrañar un beneficio injustificado para el perjudicado, esto es, un enriquecimiento injusto.

De ahí que, aunque en los daños materiales la reparación del objeto dañado es la forma ordinaria de resarcimiento del daño sufrido, este derecho a la reparación in natura no es incondicional, sino que está sometido a los límites de que sea posible -naturalmente no es factible en todos los siniestros- y que no sea desproporcionado en atención a las circunstancias concurrentes. O dicho de otra manera, siempre que no se transfiera al patrimonio del causante una carga económica desorbitante. La forma de resarcimiento del daño pretendida ha de ser razonable y la razón no se concilia con peticiones exageradas, que superen los límites de un justo y adecuado resarcimiento garante de la indemnidad de la víctima.

Cuando se trata en particular de resarcir los daños materiales derivados de la circulación de vehículos a motor, entran en juego las singulares circunstancias que analiza la citada sentencia de pleno y que se pueden resumir así:

Los vehículos de motor son bienes perecederos, que se deterioran y agotan con su uso y, por lo tanto, se devalúan con el tiempo, siendo ejemplo de ello que a efectos fiscales se publican precios medios de venta aplicables a los vehículos de motor, en atención a su marca y modelo, con sus correlativas tablas de depreciación por el transcurso del tiempo (anexo IV de la Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre).

En consecuencia, es habitual que sus dueños se vean obligados a sustituirlos por otros, dándolos de baja o vendiéndolos a terceros, cuando todavía conservan un valor de uso susceptible de transmisión onerosa.

Por lo general, la reparación del daño se obtiene por medio de la efectiva reparación de los desperfectos sufridos en un taller especializado. Esta concreta forma de resarcimiento se reconduce, sin más complicación, a la simple valoración del importe de la reparación llevada a efecto.

Pero, aun siendo la reparación viable, no existe un incondicionado ius electionis [derecho de elección] del dueño del vehículo siniestrado para repercutir contra el causante del daño el importe de la reparación, optando por esta fórmula de resarcimiento, cuando su coste sea desproporcionado y exija al causante del daño un sacrificio desmedido o un esfuerzo no razonable.

En estos casos en que el importe de la reparación resulta muy superior al valor de un vehículo de similares características, «no es contrario a derecho que el resarcimiento del perjudicado se lleve a efecto mediante la fijación de una indemnización equivalente al precio del vehículo siniestrado, más un cantidad porcentual, que se ha denominado de recargo, de suplemento por riesgo o confianza, y que, en nuestra práctica judicial, se ha generalizado con la expresión de precio o valor de afección, que comprenderá el importe de los gastos administrativos, dificultades de encontrar un vehículo similar en el mercado, incertidumbre sobre su funcionamiento, entre otras circunstancias susceptibles de ser ponderadas, que deberán ser apreciadas por los órganos de instancia en su específica función valorativa del daño».

Esta doctrina ha sido aplicada por la sentencia 1622/2024, de 3 de diciembre, dictada en un caso de «siniestro total» en que la reparación del vehículo era antieconómica de forma que el resarcimiento del daño no puede suponer un beneficio injustificado, que por eso a la hora de resarcir los daños materiales sufridos por los vehículos a motor tampoco se puede imponerla reparación en supuestos de «siniestro total», cuando su coste sea manifiestamente desproporcionado con respecto al valor del vehículo al tiempo del siniestro, y que en estos casos, no es contrario a Derecho que el resarcimiento se lleve a efecto mediante la fijación de una indemnización equivalente al precio del vehículo siniestrado más una cantidad porcentual (valor de afección), que comprenderá el importe de los gastos administrativos, dificultades de encontrar un vehículo similar e incertidumbre sobre su funcionamiento, entre otras circunstancias, apreciables por los órganos de instancia en su función valorativa del daño. Y ello, porque los vehículos de motor son bienes perecederos, que se deterioran y agotan con su uso y, por lo tanto, se devalúan con el tiempo, por lo que es habitual que sus dueños se vean obligados a sustituirlos por otros, dándolos de baja o vendiéndolos a terceros, cuando todavía conservan un valor de uso susceptible de transmisión onerosa. Pero, al tiempo, también deben valorarse las dificultades antes señaladas para encontrar otro vehículo en un estado de conservación y uso similar, o la asunción de gastos administrativos y de transacción (valor de afección).

En este asunto la controversia en casación se limitada a examinar si procedía incrementar el valor venal con el 30% solicitado en concepto de valor de afección y este sentido, la sentencia se muestra favorable a dicha concesión indicando que más allá de que le comporte a su propietario la necesidad de afrontar gastos administrativos y de transacción añadidos a los 3.500 euros del precio de la moto, le va a suponer también tener que afrontar, entre otros inconvenientes, la incertidumbre sobre su funcionamiento y sobre si le va a proporcionar el mismo valor de uso que le proporcionaba la siniestrada.

 

Fdo. Emilio Liébana Moreno

Abogados de la Chica.

Permítannos someter a estudio la reciente SENTENCIA 474/25 DE 10.04.2025, DICTADA POR LA ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAÉN (SECCIÓN PRIMERA CIVIL), en una fundamentada resolución, de la mano de reciente jurisprudencia menor de otras audiencias provinciales que es citada, y que, tras revocar la sentencia del Juzgado, termina absolviendo a la dueña de la casa de la demanda interpuesta por el tercero perjudicado, por considerar que el jardinero era autónomo y no estaba sujeto a ningún tipo de supervisión o control de su trabajo por parte de aquella, por lo que considera a este como único responsable del siniestro.

De forma ordenada y motivada, comienza la sentencia por citar otras, también muy recientes, que reproducimos por ser de interés para el contenido de este blog.

SAP BARCELONA, SECCIÓN 17ª, DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

[…] el comitente, en efecto, no responde cuando el profesional contratado actúa -dice la sentencia- de forma autónoma, sin estar bajo la dirección ni control del comitente (siendo esto, por lo demás, jurisprudencia reiterada, recordando por ejemplo la SAP de La Coruña sección 5 del 05 de abril de 2024 ( ROJ:SAP C 904/2024 – ECLI:ES:APC:2024:904) «Así, cuando se trata de contratos entre empresas no determinantes de relaciones de subordinación entre ellas no resulta aplicable el art. 1903 del CC , salvo en aquellos casos en los que el comitente se reserva funciones de vigilancia y de control o la participación en los trabajos encargados al contratista o subcontratista de forma que éste no es autónomo (SS TS 9 julio 1994 , 20 diciembre 1996 , 11 junio 1998 , 25 mayo 1999 , 18 marzo 2000 , 12 marzo 2001 , 16 mayo 2003 , 3 abril 2006 y 17 marzo 2009 )».»…)

De esta forma, la AP de Barcelona concluye que el comitente no responde cuando el profesional contratado actúa de forma autónoma, sin estar bajo la dirección ni control del comitente, poniendo énfasis en los supuestos en los que el comitente se reserva funciones de vigilancia y de control de la participación en los trabajos encargados al contratista de forma que este no es autónomo.

SAP DE PONTEVEDRA, SECCIÓN 1ª, DE 9 DE JULIO DE 2024.

Esta sentencia realiza un completísimo estudio en la materia concluyendo, como en el caso anterior, que no existe responsabilidad del comitente, afirmando:

“dado que la responsabilidad contemplada en el artículo 1903 del Código Civil no responde a la contemplada en una norma penal, ni de ámbito temporal y tampoco tiene carácter excepcional (pues no excepciona lo dispuesto en el artículo 1902 CC , sino que al igual que éste, consagra una responsabilidad por culpa), se admite la aplicación extensiva por analogía respecto de los supuestos previstos en la norma, que no tienen el carácter de taxativos o de lista cerrada. […]

Sin embargo, y he aquí la precisión que resulta relevante, esta aplicación extensiva por analogía exige una identidad de razón que, de no darse plenamente, puede comportar alguna modificación significativa del régimen general o básico anteriormente señalado, especialmente con relación a la aplicación analógica del apartado cuarto del precepto (supuestos caracterizados por una relación de dependencia entre el autor material del daño y el llamado a responder por él, casos de «los dueños o directores de un establecimiento o empresa)…”.

Vemos que el requisito de la dependencia jerárquica o funcional en el desarrollo del cometido es exigido como sine quan non.

SAP VALLADOLID, SECCIÓN 1º, 6 NOVIEMBRE DE 2024

En igual sentido, afirma esta sentencia:

“No cabe la aplicación del art. 1903 del Código Civil pues cuando se trata de contratos entre empresas no determinantes de una relación de subordinación entre ellas falta toda razón esencial para aplicar el art. 1903 puesto que por lo general no puede decirse que quien encarga una obra o servicio a una empresa autónoma en su organización y medios y con asunción de los riesgos inherentes al cometido que desempeña no debe responder por los daños ocasionados por los empleados de la empresa contratada a menos que el comitente se hubiese reservado, lo que no es el caso, una participación activa en los trabajos o parte de ellos sometiéndolos a su vigilancia o dirección. Ese es el criterio jurisprudencial reiterado expresado entre otras en
la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2003.

Tampoco sería de apreciar una culpa in eligiendo habida cuenta que la empresa contratada para la prestación de los servicios de mantenimiento y supervisión del adecuado funcionamiento del ascensor era una empresa especializada y cualificada de dicho sector tal como resulta de las actuaciones…”.

Tras el estudio pormenorizado de esta jurisprudencia, y el análisis exhaustivo de las circunstancias concretas del caso, afirma el magistrado ponente de la Audiencia Provincial de Jaén objeto de estudio en el presente blog:

• Que el Sr. x (jardinero) ostenta la condición de autónomo al menos desde 2013. Además trabaja por cuenta ajena en la construcción.
• La señora no desarrolló ninguna labor de supervisión o control del trabajo desempeñado por el jardinero puesto que este contaba con total y absoluta autonomía para el desarrollo de su trabajo, al ser contratado en otras ocasiones para la realización de este tipo de labores, labores que desarrollaba también para otras personas.
• A pesar de tener su residencia en una casa sita en la finca de la propietaria, su actuación era independiente.
• El origen del incendio se concreta en las labores propias de su profesión, como jardinero, al realizar una quema de pasto seco, restos de poda en pleno verano.
• El jardinero no recibía ninguna orden o directriz por parte de la propiedad, de forma que se conducía con total y absoluta autonomía en la toma de decisiones.
• La señora no incurrió en negligencia alguna por cuanto las labores propias de jardinería se las encargó a un profesional del ramo, que figura dado como alta en el régimen de autónomos y en la rama de agrarios desde hace algo más de diez años.

Con todos estos argumentos, la sentencia revoca la dictada por el Juzgado, que había condenado a la dueña de la casa, absolviéndola por entender que no ha de responder por la negligencia cometida por el jardinero, que ninguna relación de dependencia mantuvo con la señora.

Espero que este estudio jurisprudencial, así como las reflexiones realizadas por la Audiencia de Jaén dada la casuística concreta analizada, pueda servir a los estudiosos del derecho, como ha sido nuestro caso.

 

Fernando de la Chica. Abogado.